A raíz de la noticia, donde un candidato a presidente, mantiene una deuda de pensiones de alimentos, comentaremos como se ejerce este tipo de violencia, principalmente hacia las mujeres.
Por Noelia Vicencio
Desde la Colectiva Feminista de Andacollo les saludamos.
A raíz de los hechos acontecidos las últimas semanas, donde se dio a conocer la deuda millonaria de pensión de alimentos de un candidato a la presidencia de Chile, comentaremos sobre las deudas de pensiones de alimentos como un tipo de violencia, que se ejerce principalmente hacia las mujeres.
Definamos que es violencia económica: intentar controlar a la mujer a través de la entrega del dinero necesario para su mantención personal y/o de las hijas o hijos. También, apropiarse del dinero que ganó la mujer con su trabajo.
Primero, debemos señalar que la pensión de alimentos es la obligación de los padres (madre y padre) de entregar todo lo necesario para que el hijo o hija pueda vivir con normalidad. Es obligatoria hasta que cumplan 21 años.
Pero si están estudiando una carrera técnica o profesional, la pensión dura hasta que cumplan 28 años. Si el hijo tiene una incapacidad que le impida trabajar o subsistir, la pensión podría ser de por vida.
Durante el año pasado y a raíz del retiro del 10% de los fondos desde las AFP, el Poder Judicial reveló que el 84% de las pensiones de alimentos se encontraban impagas.
La ley entrega medidas de apremio tradicionales para perseguir al deudor/a, como el arresto, la retención judicial del impuesto a la renta, la suspensión de la licencia de conducir, la retención judicial por parte del empleador, entre otros, pero con muy poca efectividad.
En el caso de los retiros de fondos de las AFP, han permitido también, la retención de estos fondos para el pago de la pensión de alimentos, facultando al niño o niña, al adolescente o a su representante legal, recurrir a los Tribunales de Familia para solicitar al juez el cálculo de la pensión alimenticia adeudada y que este ordene retener y pagar las deudas originadas en obligaciones alimenticias.
Pese a ser un avance, todas estas medidas no son suficientes para hacer efectivo el pago de las pensiones de alimentos. Primero porque las medidas de apremio tradicionales, no son 100% eficientes para lograr el pago de la pensión, y segundo, porque las leyes que han permitido la retención de fondos de las AFP, fueron creadas en un contexto de emergencia, dirigidos a minimizar los efectos económicos y sociales de la crisis sanitaria producida por el COVID-19 y no pensando en los deudores de pensiones.
Es muy importante señalar que esa poca eficacia en las leyes, solo provoca que muchas mujeres sean sistemáticamente sometidas a humillantes esperas, trámites y amenazas. Humillantes esperas, porque el Poder Judicial no está realmente preparado para responder de forma ágil a las solicitudes, demorando meses en entregar las liquidaciones de deudas, para que se puedan cobrar las pensiones.
Tramites y burocracia en exceso que junto a la poca información a las madres, provocan meses de papeles, comprobantes, timbres, sellos, filas y gestiones; sin respuestas.
A ello se suman las amenazas, de muchas mujeres se han visto y se ven amedrentadas por los padres de sus hijes, con el objeto de que estás no sigan con los cobros de pensiones.
Constantemente se habla y se opina sobre los cuerpos de las mujeres y su obligación de ser madres, pero muy pocas veces o nunca, se habla de la obligación de los hombres que no responder a su deber y abandona a sus hijes, sin importarles la forma en que estos están viviendo.
Los datos hablan por si solo, ya que son miles los padres que se desentienden de su responsabilidad en la manutención de sus hijes, obligando a las mujeres a tener que llevar y responder en un 100% con este deber.
Si bien hasta hoy en día, se cree que el cobro de la pensión de alimentos, es solo un asunto entre particulares, en muy importante que en Chile se comience a hablar y tratar el tema de este cobro, como un problema de Estado.
Es por ello, que es indispensable que el Estado sea quien tome responsabilidad en este asunto, por un lado; entregando ayuda económica a las madres y sus hijes, y por otro lado, buscando mecanismos eficientes para que el deudor reembolse al Estado este pago.
No puede seguir ocurriendo, que mientras los padres no pagan la pensión de alimentos, y las madres no tengan los recursos económicos suficientes, existan niñas y niños que sufran de hambre, de falta de vestuario y de educación.
Por último, como colectiva hacemos el llamado a que nos colaboremos entre todas, a informarnos e informar sobre las medidas que las instituciones, como el poder judicial, nos entregan para cobrar las pensiones de alimentos, las gestiones que se deben realizar y las formas para poder agilizar estos trámites, y a entregar esta información cuando una de nosotras la necesite.
Recordemos que juntas somos invencibles.
Nos despedimos con una frase de la ministra de la Corte Suprema Gloria Ana Chevesich
“La necesidad alimentaria existe y como sociedad tenemos el deber de enfrentar esta problemática como asunto de Estado, ya que visibiliza y hace patente la desigualdad de género que persiste en nuestra sociedad, la que se traduce en una violencia económica de parte de muchos hombres que se desentienden de sus obligaciones, dejando en manos de las mujeres la responsabilidad de asegurar las condiciones económicas para sus hijos, vulnerando de esta manera los derechos de niños, niñas y adolescentes a tener un nivel de vida adecuado.”
Colectiva Feminista de Andacollo, sororidad una nueva forma de coexistir.